Página Siete
En sólo nueve días, y cuando el país se alista para el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, tres jueces emitieron cinco fallos en favor de exautoridades y militantes de ese partido, y un fiscal liberó de un proceso a su vicepresidente. Esta cadena de hechos avivó el debate sobre la influencia de la política en la justicia boliviana.
Entre el 24 octubre y el 1 de noviembre, y en horarios que no son habituales, los jueces Román Castro Quisbert y Claudia Castro Dorado emitieron fallos que favorecieron al expresidente Evo Morales, a los exministros Héctor Arce Zaconeta y Juan Ramón Quintana, y al dirigente cocalero Faustino Yucra. Anoche fue el turno del exministro de Defensa Javier Zavaleta, quien se favoreció con un fallo del juez Javier Vargas Arancibia, quien dejó sin efecto una orden de aprehensión que pesaba en su contra.
Además, el jueves 29 la Fiscalía dictó el sobreseimiento del vicepresidente del MAS Gerardo García, quien era procesado por el robo de un vehículo oficial.
“Esta es una muy mala señal. Es una señal de que la justicia volverá a ser genuflexa. No entiendo por qué no esperan más tiempo, por qué entre gallos y medianoche. No entiendo”, afirmó el ministro de Obras Públicas Iván Arias, al referirse a las últimas decisiones judiciales.
Anoche el juez Arancibia, del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, anuló una orden de aprehensión contra Zavaleta, procesado por terrorismo y sedición.
La noche del sábado, la jueza Castro Dorado, del juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, dejó sin efecto una orden de aprehensión que pesaba contra Quintana en el proceso que se le sigue por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir. Lo hizo en una audiencia convocada para las 21:00.
Explicó que tomó la decisión porque se cometieron fallas procedimentales, como el hecho de que la resolución de aprehensión fue emitida el 25 de noviembre de 2019, un día antes de que comenzaran las investigaciones y dos antes de que el juez admita la causa. Dijo además que la citación fue emitida 11 meses después de que se dictara la resolución de aprehensión. “Estos dos extremos, de forma clara, reflejan la inobservancia del debido proceso”, justificó.
