El Gobierno de EEUU puso al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en medio de una nueva política de restricciones de visa contra ciudadanos extranjeros a los que acusa de atentar contra gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
En específico, la administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, señaló a Mariaca por abusar “de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, aunque sin reflejar mayores detalles y vetando así el ingreso de la autoridad a su territorio.
La situación no solo apunta al fiscal general, ya que el Departamento de Estado estadounidense informó que también tomó medidas contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familias –entre ellos exministro de Justicia, Iván Lima; fiscales, jueces, magistrados y un extitular de la Felcn-, al revocarles visas existentes, así como declaró inelegibles para obtenerlas a otros nueve ciudadanos que no cuentan con ese documento.
Washington sostuvo que esas acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante de la iniciativa Escudo de las Américas.
“Cooperación sí, injerencia no”
Frente a las acusaciones, Mariaca sostuvo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros Estados, pero reclamó el mismo trato para las instituciones y autoridades bolivianas y recalcó que no aceptará que el trabajo de la Fiscalía sea condicionado por presiones políticas, ya sean estas del interior o el exterior de Bolivia.
“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado, cargo otorgado democráticamente, sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, manifestó. “Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no. Respeto entre Estados sí, interferencia en nuestras instituciones no”, agregó.
El fiscal general vinculó la controversia con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, entre ellas las relacionadas con el denominado caso Cerimedo, que involucra al estratega argentino Fernando Cerimedo y a un presunto hecho de feminicidio, así como otras que salpican a diferentes estructuras como el caso ‘narcomadera’ o el caso de la gasolina basura.
La posición del Gobierno
“Las declaraciones y señalamientos de EEUU son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Por eso se pedirá, a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia”, sostuvo el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, al reflejar la primera reacción del Ejecutivo.
Mientras que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se intensificarán las investigaciones y tareas de inteligencia sobre las personas incluidas en la lista. Un tema que no pasó desapercibido fue el del coronel Frans William Cabrera, exdirector de la Felcn, que figura en la lista y que será investigado tras ser apartado de la Policía.
Desde el Legislativo también se planteó una respuesta institucional: los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, pidieron que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos y anunciaron que solicitarán una sesión de la Asamblea para abordar este tema.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, expresó el presidente del Senado.
Mientras que figuras de la oposición, como el es caso del líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, apuntan a que la Asamblea Legislativa conforme una comisión formal para investigar las acusaciones de la administración de Trump.
Quiroga cuestionó la capacidad de la Fiscalía para llevar adelante esas investigaciones y planteó que la comisión solicite toda la información sobre los acusados y promueva procesos para que “paguen los que hicieron daño al país, en particular si protegieron al narcotráfico”.
Por ahora, queda conocer las pruebas y determinar si hubo responsabilidades, por lo que el escenario está aún abierto.
Unitel
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