El pasado 5 de junio de 2025, el representante en Tarija del Ministerio de Justicia y Transparencia Fabrizio Iván Salinas Rocha presentó un recurso de amparo constitucional contra el Auto de Vista N° 215-2024 dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el que se declara fundado un incidente de prescripción en el proceso penal relacionado con el tramo camino Serranía Tapecua – Zapaterambia – Itaguazuti que tenía como procesados a Mauricio Lea Plaza y Mario Cossío Cortez entre otros. Este proceso data de un hecho ocurrido el 5 de enero de 2009 y por el tipo de delitos el plazo máximo de duración es de 8 años, o sea, debía concluir hasta el 28 de diciembre de 2016, sin embargo, hasta el momento de la prescripción transcurrieron 15 años y 338 días, el doble del plazo máximo fijado por ley. Durante este tiempo el Ministerio Público no pudo aportar las evidencias que demuestrenalguna irregularidad o hecho de corrupción y lo único que se conoce es un dictamen de la Contraloría General del Estado que establece que la suspensión de la construcción de estas variantes camineras le significó un daño económico al Gobierno Departamental de Tarija por un total de Bs. 73.320.155,86 atribuido a Lino Condori (80%) y al representante legal de la empresa constructora Walter Guerrero (20%), excluyendo de cualquier responsabilidad a Mario Cossío yMauricio Lea Plaza. El hecho que fue resuelto de forma ordinaria en el ámbito penal, ámbito en el que se agotaron todas las instancias de apelación, la acción del Ministerio de Justicia ahora pretende cambiar la resoluciónpor la vía constitucional, lo que demuestra el afán de continuar con la persecución judicial contra dos líderes opositores al MAS de forma indefinida, más aún cuando la resolución de amparo debe ir en revisión obligatoria al Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta es otra prueba más de la manera como el Gobierno Nacional del MAS a través del Ministerio de Justicia busca instrumentalizar la justicia a favor de su política persecutoria de opositores, ejerciendo distinto tipo de acciones que muestran una evidente injerencia institucional que intenta subordinar la administración de justicia al Poder Ejecutivo por razones estrictamente políticas. Ante esta situación, Mauricio Lea Plaza manifestó que tiene la esperanza que los administradores de justicia hagan prevalecer el cumplimiento de la ley y qué, presentará una denuncia formal al Tribunal Supremo de Justicia sobre esta manifiesta injerencia, para contribuir a preservar laindependencia judicial respecto a los otros poderes del Estado en el marco de lo establecido en la CPE.
Fuente: Mauricio Lea Plaza
