El exministro de Gobierno Carlos Romero dice que tiene muchas pruebas de nexos de funcionarios y autoridades con el narcotráfico. Anuncia que las presentará en su momento y que no denunciará a la Fiscalía porque desconfía.
Pero va más allá en su análisis sobre el movimiento de facciones nacionales y extranjeras que operan con droga. Asegura que Bolivia está en el camino de convertirse otra vez en un país productor en esencia y ya no en uno de sólo tránsito. En entrevista con Página Siete, pide una purga profunda en la Policía.
¿Sigue pensando que Bolivia es un país de tránsito de droga?
El narcotráfico es una actividad que tiene en general características de cualquier industria: si encuentra condiciones para expandirse, lo hace, si encuentra un lugar apropiado para instalar factoría, lo hace. En 2015 logramos bajar la superficie de cultivos de coca a 20.200 hectáreas.
Aprobamos la Ley de Extinción de Dominio, aprobamos una recatastración de avionetas para poder incorporar dispositivos de rastreo satelital permanente, estábamos trabajando en la implementación de los radares de última generación y en la implementación de un laboratorio antilavado que iba a tener como base Río de Janeiro.
Lamentablemente todos esos elementos se han desbaratado, es decir nos permitía el reconocimiento internacional en nuestra estrategia de lucha contra el narcotráfico, nos habían declarado país tránsito. Esa calificación no es del exministro de Gobierno, es de Naciones Unidas.
Ahora habría que pedir los reportes actualizados a NNUU si mantiene o no la calificación al país. Desde mi punto de vista, los últimos acontecimientos y sobre todo lo que dice la JIFE, que de cada 10 toneladas incautadas en Bolivia, nueve circulan libremente, significa que nosotros hemos perdido el control de la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, contra órdenes en intervenciones antidroga o el no esclarecimiento de los asesinatos a sangre fría que han derivado en la muerte ya de cinco policías, 22 casos de sicariatos en 2022 y la no fiscalización pactada parlamentaria de estas acciones reflejan que Bolivia es una plataforma de protección al narcotráfico que se ha constituido desde el año 2020 a partir de los ministros Núñez, Murillo y López y que han concluido con este Gobierno y que ofrecen un escenario propicio para las facciones del narcotráfico en Bolivia y para su conversión de país tránsito a un país sistemáticamente de producción de droga.
¿Estamos en ese camino?
En Bolivia las rutas de tránsito de droga fundamentalmente han sido cuatro: Bolpebra, Guayaramerín, Chiquitania hacia San Matías y el norte de Potosí. Pero ahora son lugares de producción de pasta base de cocaína, asimismo, las rutas se han expandido.
Y si a eso sumamos más producción de materia prima por el crecimiento de cultivos y la elevación de la coca peruana, además del descontrol de los precursores, obviamente estamos en condiciones de apegarnos a la hipótesis de que estamos en una fase de convertirnos en un país productor, además estamos configurando estructuras armadas irregulares y avanzando a un proceso de colonización.
¿Cuánto cambió el trabajo de la Policía, de la fuerza antidroga?
Ha cambiado muchísimo, hemos retrocedido décadas, primero porque los dispositivos tecnológicos han sido desmantelados. De la flota de helicópteros Súper Puma, entiendo que solamente uno está volando y los demás han sido descuartizados, el programa de Aircop en Viru Viru no funciona, fue desmantelado en la época de Murillo, por eso se comenzó a traficar droga desde Viru Viru, el programa de rematriculación y rastreo satelital de avionetas ha sido desmantelado. Es más, dice Del Castillo ‘nosotros hemos incautado 95 avionetas’, ¿dónde están? Tal vez son avionetas fantasmas, pero lo que yo sí le puedo asegurar y podré demostrarlo en su momento es que avionetas que fueron incautadas en mi gestión están volando con droga en este momento, las devolvieron irregularmente a sus propietarios
El programa BOL 110 que fue en su momento la plataforma tecnológica más moderna del continente, actualmente se lo ha convertido en una gran plataforma de guerra sucia a través de cuentas falsas para desinformar en redes sociales. Luego, en la página de Latinobarómetro o la página de la ONU verán que hace tres años Bolivia ha dejado de informar las tasas de criminalidad en nuestro país, eso se ha convertido en un misterio, pero la inseguridad nuevamente aparece. Ahora Bolivia ya no envía informes, no hay transparencia. Los mapeos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana no informa nada. Desmantelaron el Cerian, que permitió atrapar a 11 cabecillas del narcotráfico. El retroceso es alarmante.
Desde su gestión e incluso antes se tenía identificados a clanes familiares en Beni, pero parece que nada se puede hacer hasta ahora para desarticularlos. ¿Por qué no se hizo nada en años?
La estructura del crimen es inherente a la estructura social de un país, por eso yo aplico la categoría de clanes familiares, así tenemos el clan Suárez, el clan Roca, el clan Castedo, Candia, Lima Lobo, Rivero y Sandoval. Son clanes que están articulados con cárteles extranjeros, brasileños que pugnan la comercialización de la cocaína, o están articulados a clanes de envío de droga desde Colombia a EEUU a través de los cárteles mexicanos. Lo que tenemos ahora es una presencia directa, la presencia extranjera en Bolivia es notoria de peruanos, brasileños, colombianos y mexicanos. Entonces no existe control migratorio.
Estamos en una situación tenebrosa porque la corrupción de funcionarios está exponiendo a que el país sea preso del crimen organizado porque el narcotráfico luego empieza a articularse, atracos, secuestros, trata, tráfico de órganos, de armas, de vehículos robados, de tierra y de madera, todo eso lo articula.
Las tomas de tierra ya no las protagonizan gente humilde sin tierra, sino son grupos organizados encapuchados, con armas modernas, con vehículos modernos y de sistemas de comunicación y avionetas. Cuando se deja crecer el crimen avanza más rápido que un Estado.
¿Cuál es la razón por la que estos clanes se muestran con políticos? Evo Morales e incluso usted aparecía en fotos con gente ligada al narcotráfico.
Buscan protección política o fingen tenerla. En algunos casos hemos tenido personas que han caído por acción mía que tenían fotos con las principales autoridades, especialmente gente de Beni y en algunos casos que había cumplido alguna función pública. Pero nosotros no hemos distinguido ni favorecido absolutamente a nadie, prueba de ello es que gente que estaba vinculada al MAS ha caído, es el caso de Mayerling Castedo de la Gobernación de Beni.
Pero resulta que estas personas que podían tener algún nivel de incidencia local ahora tienen poder político, están adquiriendo mayor poder político y esto es grave. Se ha penetrado en el sistema político y judicial, y esto se comprueba en que hay alcaldes, presidentes de asambleas en este momento en varias entidades subnacionales, independientemente que sean del MAS, de Demócratas, de agrupaciones locales, de Creemos, que están vinculadas a actividades del narcotráfico. O incluso hay personas ligadas con el narcotráfico que tienen a los familiares como operadores políticos en diferentes instancias de gestión pública. Entonces eso es preocupante porque les permite eludir y burlar los controles y la justicia.
Hay una ofensiva notoria contra el ministro de Gobierno de parte de exautoridades del MAS. ¿Cree que el cargo no le corresponde o le queda grande?
Creo que un cargo no queda grande o pequeño para una persona porque depende de la persona, de la voluntad, el esfuerzo que haga la persona para asumir una responsabilidad, porque es una responsabilidad ante la población, ante el país, y en este caso yo no veo que el señor Del Castillo tenga la convicción de ejercer el Ministerio de Gobierno con lealtad y nobleza al país y al servicio público.
Yo dije en varias oportunidades que no pueden existir tantas casualidades, puede ocurrir que al ministro le mienta a la Policía, que un grupo de policías estén protegiendo a un criminal, pero son demasiados hechos en los que no solo el ministro, sino su personal jerárquico, viceministros y directores aparecen bajo muchas interrogantes en la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico.
Un director de Dircabi de Santa Cruz fue nombrado pese a que en mi gestión fue aprehendido en Palmasola, tantos policías han sido señalados por haber incurrido en irregularidades inaceptables y hay más. Todos esos hechos son demasiado llamativos y yo me he permitido calificar al Ministerio de Gobierno de Bolivia como un ministerio fallido haciendo un parangón con la teoría de Estado fallido en dispositivos estatales rebasados.
¿Conocía a Del Castillo antes?
No, nunca lo he visto físicamente cerca y la única vez que supe fue cuando había un tal Del Castillo que tenía problemas con la presidenta del Senado, haciendo referencia a un asesor, escuché en la prensa.
Usted ha presentado denuncias contra varias autoridades y funcionarios, lo que le critican es que hasta ahora no presente pruebas y no denuncie ante la Fiscalía, ¿qué tiene que decir?
Mi respuesta es que yo denuncié que se había establecido una pista clandestina, minutos después el Gobierno nerviosamente sale a decir que es una pista autorizada para operar vuelos, pero resulta que aparece un policía muerto después. He señalado que en el caso de Nallar hay protección y la prueba irrefutable es que hasta ahora no lo han procesado por narcotráfico. Hay reportes de la prensa chilena que dan cuenta que la avioneta que cayó en Paraguay habría sido una que antes estaba incautada y que había despegado de El Trompillo, bajo mando de la DGAC y con jurisdicción militar. Ya comienza a haber protección militar concretamente en Florida, de la provincia cruceña Velasco. Eso no lo voy a llevar a la Fiscalía porque no hará nada, es decir capaz que me procesen a mí. Las pruebas son por demás contundentes, yo todo lo que he presentado lo he respaldado con documentos, con audios, con WhatsApp, pero las cosas se han cumplido al extremo de que anecdóticamente en mis mensajes personales la gente me dice que por qué no me dedico a leer cartas porque muchas de las cosas que he denunciado se han cumplido.
Ese argumento de que no presenta pruebas, que vaya a la Fiscalía es un argumento infantil, porque ellos están en la obligación de actuar de oficio. Yo soy un ciudadano de a pie que está poniendo en riesgo a mis hijos, a mi familia y a mi propia persona y ellos tienen todos los medios para esclarecer estos casos y no lo hacen. Si no lo hacen y responden con guerra sucia es porque están comprometidos con estas actividades ilegales
¿Usted cree que hay que hacer una purga en la Policía?
Definitivamente, la purga es un concepto que se aplica a aquellos casos en que una institución está contaminada, la Policía está contaminada. Puse el ejemplo de Colombia, cuando cayeron los cárteles grandes hicieron una profunda purga y como resultado 7.000 elementos policiales fueron dados de baja. En Bolivia estamos en esta situación.
¿La prueba del polígrafo que se hizo no sirvió?
Es una pantomima porque lo que se maneja en las redes policiales es que de las 1.000 pruebas de polígrafo que han hecho solo 13 han aprobado. Sería capaz el ministro de hacer una prueba del polígrafo con veedores de la comunidad internacional y de la prensa, yo creo que no.
¿Qué opina de que el ministro forme parte de la cúpula policial?
El ministro se ha puesto como cabeza del estado mayor policial a través de una norma y no corresponde, porque el mando policial es funcional, es decir la responsabilidad de la Policía es técnico funcional para hacer investigaciones, manejar operativos, establecer acciones de contención, etc. No corresponde que el ministro esté metido ahí. El ministro es el mando civil y la Policía se subordina al mando civil. Pero la cabeza debe ser el comandante porque es un dispositivo técnico funcional operativo, ahora si está ahí asumirá responsabilidad política de todo lo que hace y no hace la Policía. Pero en este su afán de controlarlo todo se ha metido en un doble lío.
Página Siete
