La Asamblea Nacional de Ecuador instaló ayer la sesión para tratar, como único punto, un pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, quien denunció un intento de golpe de Estado en su contra y derogó el estado de excepción en seis provincias.
La sesión, instalada de forma virtual, con la asistencia de 135 de 137 asambleístas, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, y presidida por el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, inició con la entonación del himno nacional de Ecuador.
La petición de la destitución del gobernante la realizaron asambleístas afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017) bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.
Aunque en principio la sesión del Legislativo iba a tener lugar en la sede de la Asamblea, finalmente se realizará de forma virtual debido a las protestas, que se han caracterizado por el corte de carreteras y el bloqueo de vías. La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también ha sido convocado para exponer sus alegaciones el presidente Lasso, quien ha delegado su intervención a Fabián Pozo.
Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
La sesión tiene lugar durante el día trece de movilizaciones convocadas, principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Asimismo, se instaló pocas horas después de que representantes del Gobierno se reunieran con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y otros líderes indígenas, en un primer acercamiento convocado por Saquicela, quien destacó la voluntad de diálogo.
Este mismo sábado, Lasso emitió un nuevo decreto que deja sin efecto el anterior estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza e Imbabura. La medida se aprobó como “respuesta” ante los actos de violencia registrados por el paro nacional.
AFP
