Una “institución competente”, dependiente del Estado, acreditará quiénes son las víctimas directas o indirectas de violaciones a sus derechos humanos del “quiebre institucional democrático” en 2019, según el borrador del proyecto de “Ley General de reparación integral para las víctimas de violencia”.
“Los beneficiarios de la reparación integral serán las personas clasificadas por la institución competente creada para el efecto”, se lee en el artículo 7 de ese documento, cuya redacción está a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, y al que accedió Página Siete.
En el artículo 2 se establece que la propuesta normativa se aplicará “a toda persona que en el ejercicio de sus derechos y habiendo cumplido con los requisitos (…) fue víctima directa o indirecta de graves violaciones a sus derechos humanos como consecuencia del quiebre institucional democrático”.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció tras que hasta las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana le sugirieran dimitir para pacificar al país, luego de las elecciones fallidas de octubre de ese año. Un día después, Morales salió de Bolivia rumbo al exilio, y el 12 de noviembre, Jeanine Añez asumió la Presidencia. Ese hecho en el MAS es calificado como “ruptura del orden constitucional” o “golpe de Estado”.
El artículo 17 del borrador de proyecto, relativo al “sistema de registro de víctimas”, establece la creación del “Registro plurinacional de víctimas” que será una unidad administrativa dependiente de la instancia competente de reparación de víctimas.
En el documento no se hace referencia a la realización de un censo de víctimas, que es una de las principales recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ese grupo planteó primero hacer un censo para luego, en base a los datos obtenidos, trabajar en un plan de reparación integral.
“Nos están tomando el pelo”, protestó Hernán Maldonado, exrepresentante de la Asociación de Víctimas de Sacaba – Huayllani, al referirse al incumplimiento de las recomendaciones del GIEI, en especial la realización del censo, que el Gobierno anunció su inicio hace un año.
“Nos toman el pelo porque supuestamente tenía que hacerse un censo a nivel nacional, pero no, prefieren eliminar y sólo hacer una encuesta, pero no se está tomando en cuenta a todas las víctimas de Sacaba, no están todos registrados ni los presos políticos. Estamos muy molestos porque hasta el momento no se avanzó en casi nada”, declaró Maldonado a este medio de comunicación.
Maldonado, quien fue herido y perdió el ojo izquierdo en las jornadas violentas de Sacaba en 2019, agregó que ese registro se realizó hace unos dos meses. No obstante, según el exdirigente, la entidad estatal no da explicaciones de por qué no se tomó en cuenta a todas las víctimas.
Él refiere que en las jornadas violentas de 2019, sólo en Huayllani, Cochabamba, 102 personas fueron heridas, hubo 11 muertos y 26 presos políticos, haciendo un total de 139 víctimas.
Una de las dificultades que existen para identificar a las víctimas es que “están divididas”, manifestó a este diario Betty Yañíquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
“Unos dicen: ‘estaremos las víctimas reales y no los representantes, o los representantes son los que sacan la mejor tajada’. Hay divisiones, grupos. Entre ellos se denuncian. Eso perjudica”, expresó Yañíquez.
En tanto, la oposición en el Parlamento espera conocer el proyecto cuando llegue a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El diputado Richard Ribera, de Creemos, dijo que el Gobierno no cumplió con ninguna de las recomendaciones del GIEI, y cuestionó que luego de más de 30 meses no exista una cuantificación e identificación de las víctimas.
“Si el GIEI recomendó la realización de un censo de las víctimas de 2019, no siendo éstas más de 60 personas entre heridos y fallecidos, demuestra la falta de interés del Gobierno para realizar este trabajo”, afirmó.
Para la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, se debería trabajar en una ley integral de víctimas, tomando en cuenta no sólo las de 2019, sino también a otras, como las de Chaparina.
“Hay que establecer que víctimas no sólo son las de Senkata y Sacaba, hay muchísimas más. Vamos a hablar de las víctimas de Montero, de Cochabamba también. Me temo que no se está tomando en cuenta a todos los sectores”, lamentó.
Página Siete
