A días de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, el Gobierno, en al menos cinco puntos, ha distorsionado, omitido o cambiado el sentido al contenido del documento.
Por ejemplo, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales dedujeron que el informe es una prueba de que hubo “golpe de Estado” en 2019, cuando los expertos han aclarado que determinar si hubo golpe o fraude no fue el objetivo de la investigación. O la insistencia en usar los términos “lesa humanidad” y “genocidio” cuando en el documento no habla de tales delitos porque no corresponden a lo sucedido en Bolivia.
“Golpe de Estado”
En la entrega del informe, el pasado martes, el GIEI aclaró que su investigación no ingresó a dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral de 2019 constituyeron un fraude o golpe de Estado.
Pese a ello, minutos después de la intervención de Patricia Tappatá, una de las expertas del GIEI, el presidente Luis Arce leyó la parte del informe donde narra el acto en la Asamblea Legislativa cuando se proclamó a Jeanine Áñez como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta del Estado. “Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?, dijo Arce.
El mismo suceso citó el expresidente Morales para luego inferir que el GIEI “en forma diplomática, quiso decir que fue golpe”.
Lesa humanidad
En varias oportunidades, funcionarios del Gobierno de Arce han acusado a la gestión de Áñez de cometer delitos de “lesa humanidad”. La última fue la declaración del canciller Rogelio Mayta, quien dijo a la agencia Telam: “Hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción y Jeanine Áñez podría ser pasible a 30 años” de prisión.
Sin embargo, los expertos del GIEI aclararon que no hallaron elementos en los sucesos ocurridos en Bolivia que puedan denominarse como delitos de lesa humanidad.
“Para que un hecho pueda considerarse de lesa humanidad, tiene que haber un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, con conocimiento del ataque y ruptura de poder”, según los expertos.
Genocidio
Otro término que usan el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para referirse la violencia de 2019 es genocidio.
Incluso la Fiscalía amplió la acusación al exjefe militar Alfredo Cuéllar con el delito de genocidio por las masacres de Sacaba y Senkata.
Patricia Tappatá, integrante del GIEI, aseguró que “nosotros no usamos la figura de genocidio, de crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”.
En tanto, Juan Méndez, también del GIEI, dijo que “genocidio requiere la intención de destruir todo o parte de una comunidad étnica, religiosa o racial. Nosotros hablamos de racismo, discriminación y violencia de género”.
Más juicios
El documento dice que la investigación no puede usarse para dar pie a una indagación de tipo penal. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno, citando al GIEI, empiezan a apurar juicios de responsabilidades y ampliar procesos contra presuntos responsables del “golpe”.
Unilateral
Entre sus conclusiones, el GIEI establece que durante los conflictos de 2019 hubo violaciones de derechos humanos en ambos lados del espectro político. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno está concentrado en hacer justicia solamente a las víctimas y familiares de fallecidos de Sacaba y Senkata.
El informe tiene 36 recomendaciones
El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 realizado por el GIEI fue entregado el martes al presidente Luis Arce y familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes, con más de 30 recomendaciones para el Estado.
El documento, a través de una investigación científica y metodológica, evidenció que se produjeron masacres en Sacaba y en Senkata y graves vulneraciones de derechos humanos.
La ONU pide aplicación imparcial del informe
La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió que el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), sobre los hechos acontecidos en Bolivia a finales del 2019 sea utilizada de forma “constructiva e imparcial”.
Además, la ONU pidió que el documento sirva “para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia”.
El pronunciamiento fue realizado por la portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell. En ese sentido, la ONU destaca algunos de los aspectos dados a conocer por el GIEI.
Asimismo, la ONU señala que las recomendaciones emitidas por el GIEI “constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia”.
El organismo internacional también saluda el compromiso del presidente, Luis Arce, respecto a implementar el informe del GIEI “e instamos a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo”, señala.
“La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presencia en el país, está a disposición para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en este importante proceso y reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias”, finaliza el texto.
Los Tiempos
