La Cámara de Diputados incluyó en su agenda legislativa un proyecto de ley que busca que el Estado recupere los recursos económicos destinados al pago de reparaciones dictaminadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La iniciativa, presentada en 2024 por el presidente Luis Arce, pretende aplicar la “acción de repetición”, lo que permitiría cobrar a exautoridades o funcionarios responsables de vulneraciones a los derechos humanos, evitando que los costos recaigan en el Estado.
Según el proyecto, la Procuraduría General del Estado (PGE) será la entidad encargada de recuperar los montos erogados por Bolivia en cumplimiento de fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Una vez efectuado el pago a las víctimas, la PGE tendrá un plazo de 60 días para identificar a los responsables dentro de entidades públicas y notificarles sobre la acción legal en su contra.
El artículo 8 del documento establece que los presuntos responsables dispondrán de 30 días para presentar sus descargos. Posteriormente, la Contraloría General del Estado (CGE) iniciará procesos coactivos para recuperar los recursos mediante embargos o cobros directos. Esta medida busca garantizar que las reparaciones internacionales sean financiadas por quienes cometieron las vulneraciones, en lugar de afectar el presupuesto estatal.
El impulso de esta norma surge en un contexto en el que Bolivia enfrenta un juicio ante la Corte IDH por el caso ‘terrorismo’, ocurrido durante el gobierno de Evo Morales. Las víctimas de este caso exigen un resarcimiento de al menos 10 millones de euros, una cifra que el Gobierno busca evitar pagar sin antes determinar responsabilidades. La iniciativa legislativa genera debate, ya que podría impactar a exfuncionarios de anteriores administraciones, incluyendo la de Morales.
El Deber
