Los principales procesos judiciales por corrupción, registrados durante el gobierno de Evo Morales, están estancados en tribunales de justicia, con plazos procesales vencidos y sin informes sobre la recuperación de recursos millonarios para las arcas del Estado. Muchos de los casos se han prolongado más de ocho años, superando incluso la condena que podrían recibir los sindicados.
Entre algunos de estos casos se encuentran el de las Barcazas chinas (2009), Papelbol (2010), Fondo Indígena (2014), Taladros de YPFB (2017), Banco Unión (2017) y Neurona (2019).
1 BARCAZAS CHINAS
En 2009, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), dependiente del Ministerio de Defensa, suscribió un acuerdo con empresas coreano-chinas subcontratadas por la compañía General Marine Business (GMB) para la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores. Se hizo el pago de un anticipo de 28,9 millones de dólares.
2 PAPELBOL
En el gobierno de Morales se pagaron 13.430.656 dólares para la compra de una fábrica de papel a la empresa brasileña D’Andrea Agrimport. Es así como fue creada la empresa pública Papeles de Bolivia (Papelbol) en la gestión de Eduardo Peinado Rivero, entonces viceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, Cochabamba.
3 FONDO INDÍGENA
El 12 de febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, confirmó un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas. Luego el 25 de agosto de ese año, Lariza Fuentes, interventora del Fondo Indígena, informó de un daño de 102,2 millones de bolivianos por 30 proyectos “fantasma” y 713 inconclusos que recibieron al menos un desembolso en cuentas particulares. En febrero de 2016, Fuentes señaló que se recuperaron al menos 20 millones de bolivianos, Por este caso, la Fiscalía activó múltiples procesos en distintos departamentos en contra de exdirectores, técnicos y dirigentes campesinos a partir de 2015, cuando se conoció este escándalo de corrupción.
4 DESFALCO AL BANCO UNIÓN
Juan Franz Pari, exjefe de operaciones de la agencia financiera del Banco Unión, en el municipio de Batallas, fue denunciado en septiembre de 2017, por el desfalco millonario a la entidad bancaria. Pari, sus familiares, su novia Luciana Cagnola, amigos de colegio, socios, funcionarios del Banco Unión y otros fueron procesados por este hecho.
Han transcurrido cuatro años, el caso sigue en fase de investigación y no se conoce de manera oficial a cuánto asciende el dinero sustraído entre 2016 y 2017. Sólo se cuenta con el cálculo inicial de 37,6 millones de bolivianos. Tampoco cursa el detalle del total de bienes secuestrados por la Fiscalía, su cuantificación, ni siquiera fueron incautados por la vía judicial, información proporcionada a Página Siete por abogados que siguen este caso.
5 TALADROS DE YPFB
n abril de 2017, se conoció que la empresa italiana Drillmec se adjudicó el contrato para la venta de tres taladros por 148 millones de dólares con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a pesar de varios vicios de nulidad en el proceso de contratación. La Contraloría General del Estado detectó 13 irregularidades en este tema.
6 NEURONA
En 2019, la firma mexicana Neurona Consulting, sin experiencia y sin rubro específico, se adjudicó ocho contratos directos del Ministerio de Comunicación, en la gestión de la entonces ministra Gisela López, por 12,4 millones de bolivianos, según una investigación de Página Siete en aquella gestión. El hecho se conoció en el gobierno de Morales, pero la denuncia se hizo en la gestión de Jeanine Añez, contra 23 personas, entre ellas López.
Este año, la fiscal Rocío Feraudi presentó la resolución de sobreseimiento a favor los involucrados en el caso de daño económico al Estado con el argumento de que “los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación”.
Página Siete
