Página Siete
El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Iván Rojas y su esposa fueron imputados por lavado de dinero. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de ambos en el caso de la investigación sobre el origen de 6,1 millones de bolivianos de su patrimonio.
Ante las varias denuncias presentadas en su contra, Rojas reveló ayer que pidió al jefe nacional de personal de la Policía ser destinado a la letra “A” (prejubilación) y “renunciar a cualquier aspiración personal” (ascenso al grado de general). Aseguró que de acuerdo a las últimas valoraciones entre oficiales que debían ser promovidos, él era el primero de la lista, lo que lo hacía merecedor se asumir como comandante general en 2021.
“Dentro de las investigaciones realizadas a Carla Rocío de la Torre y Eloy Iván Rojas, tanto activas como pasivas, se evidencia las operaciones sospechosas (…) considerando la cuantía (del capital) de 235.742 dólares y 4.526.300 bolivianos, sumado al hecho que el esposo de la principal analizada, el señor Rojas, es un servidor público, se podría presumir la existencia de hechos de corrupción vinculados a su cargo”, destaca parte del informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que fue citado por la Fiscalía en la imputación como principal indicio.
Se solicitó la detención preventiva de ambos por seis meses mientras continúa la investigación.
El exdirector de la UIF Ramiro Rivas, quien remitió el informe a la Fiscalía, informó a Página Siete que el análisis a la actividad financiera de Rojas se dio en el marco de la investigación que se inició contra el gerente de la Red ATB Marcelo Hurtado, detenido por legitimación de ganancias ilícitas en el caso PAT. En ese proceso se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el presunto negociado de publicidad, entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales.
