Página Siete
El 12 de noviembre de 2019 llegó al Palacio de Gobierno en hombros del movimiento cívico cruceño, flanqueada por su partido Demócratas, también de Santa Cruz, y con el visto bueno de los líderes opositores.
La imagen de la senadora de Beni, prácticamente desconocida, era como un bálsamo para gran parte de los bolivianos, después de las 48 horas de furia -con saqueos, quemas de viviendas y marchas con gritos de “¡guerra civil!”- desatadas junto con la renuncia de Evo Morales a la presidencia y del resto de sus correligionarios, a quienes les correspondía la sucesión constitucional.
El país que había soportado 21 días de movilizaciones en contra del fraude en las elecciones del 20 de octubre, y tras los conflictos tras la renuncia de Morales, estaba al borde del abismo ante el vacío de poder…
Así asumió Jeanine Añez, segunda presidenta de la Cámara de Senadores, la Presidencia de Bolivia de manera constitucional. Y vinieron los reconocimientos de gran parte de los gobiernos de la región y de otros continentes a su mandato, junto al apoyo de diferentes sectores: Jeanine estaba envuelta en apoyo, pero, sobre todo, tenía junto con ella a esos compañeros con los que había formado un cuadro en la Asamblea Legislativa con el que ejercieron una importante fiscalización al gobierno de Evo Morales.
Se trataba de los senadores Arturo Murillo, Yerko Núñez y Óscar Ortiz, quienes llegaron al Senado con Unidad Demócrata, la alianza entre Unidad Nacional y Demócratas. Dos de ellos pasaron a ser parte de su gabinete: Murillo como ministro de Gobierno y Núñez inicialmente como ministro de Obras Públicas y posteriormente como cabeza de la cartera de la Presidencia. Mientras que Ortiz se mantuvo en principio en la Asamblea, facilitando acercamientos con los parlamentarios del MAS, que ahora eran la oposición.
“Ortiz siempre estaba presente en las reuniones de Gabinete, pese a que no era ministro y no tenía ningún cargo en el Ejecutivo”, señala una persona cercana al gobierno de Añez.
Y a pocos días de cumplirse un año de su llegada al Gobierno y a horas de entregar el mandato al MAS, esas circunstancias cambiaron radicalmente. La presidenta Añez ya no cuenta con el apoyo del movimiento cívico cruceño, no tiene el respaldo de su partido; los líderes políticos opositores la responsabilizan del curso de los actuales acontecimientos y de sus tres compañeros del Senado sólo quedaron dos a su lado.
A esto se suma que sobre ella pesa la posibilidad de un juicio de responsabilidades impulsado por el MAS. Añez es apuntada como responsable de haber dictado resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
