Cuatro empresarios constructores denunciaron el robo de 22 proyectos elaborados para la edificación de escuelas. La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) recibió los documentos y adjudicó esos contratos a otras firmas que evadieron así el pago del costo de la preinversión, sin embargo resultaron beneficiadas por una “invitación directa”. Todos los proyectos suman al menos 104 millones de bolivianos.
Si bien ya han aparecido denuncias del mismo tipo en la gestión del presidente Luis Arce, el primer caso de corrupción en la UPRE señala que los 22 proyectos fueron negociados durante el último mandato del expresidente Evo Morales y su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. El otro principal implicado es el exdirector ejecutivo de la UPRE, Alexis Vladimir Mercado Condori, a quien se señala por el “direccionamiento” en las adjudicaciones.
La investigación de la UPRE
En abril de 2023 se destapó el caso de la UPRE, pero todo comenzó en noviembre de 2021 a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía de La Paz, por el presunto robo de 14 proyectos a diseño final, elaborados durante ocho meses por la empresa “Constructora Estructuras y Proyectos SRL”, cuyo representante es el ingeniero Hugo Araníbar.
Dentro de ese caso, en el que se estima un daño económico al Estado de 57.003.061 bolivianos, se denunció a Mercado y otros cinco ex y actuales funcionarios de la UPRE, pero en abril la investigación se amplió contra los 14 representantes legales de las firmas que se adjudicaron los contratos para ejecutar los proyectos diseñados por Araníbar.
El fiscal Bladimir Bolívar emitió alertas migratorias contra los 20 implicados e imputó a dos de los funcionarios por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y el favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el proceso también se amplió en el número de víctimas, ya que a la denuncia de Araníbar se sumaron otras tres personas, todas con proyectos comprometidos en el departamento de Cochabamba.
La primera en presentarse ante la Fiscalía fue la arquitecta Ludmila Calani, de la empresa “Ludcal”; le siguió el ingeniero Fernando Lizarazu, consultor externo, y por último Sandro Colque, de la Empresa Constructora Ferconbol.
Calani elaboró el proyecto a diseño final para la construcción de la Unidad Educativa Bolivia Potrero, por un valor de 7.253.627 bolivianos. Lizarazu elaboró los estudios técnicos de seis establecimientos, por un monto total de 32.561.960 bolivianos.
En el documento al que accedió Página Siete se detalla que los establecimientos comprometidos son: Martín Cárdenas, 21 de Septiembre, Bella Vista, San Martín de Porres, Militoy Eterovic Matenda y Cochabamba.
Asimismo, la empresa de Colque elaboró el diseño de pre inversión para la Unidad Educativa Cerro Cota, por un valor de 7.407.654, lo que hace un total de 104.226.302 de los 22 proyectos, todos entregados a la UPRE.
Promesas de contrato
Página Siete tomó contacto con los cuatro empresarios afectados quienes revelaron que, si bien los casos se dieron en diferentes fechas y distritos educativos de Cochabamba, en todos los casos se aplicó lo que se puede considerar como un “modus operandi” aplicado por los funcionarios de la UPRE para hacerse de los proyectos a diseño final, sin pagar los gastos de la pre inversión, en los que sí invirtieron Aranibar, Calani, Lizarazu y Colque.
En los cuatro casos, los dirigentes de las juntas escolares contactaron a los constructores y les pidieron que realicen los proyectos, con la promesa de que serían ellos los que se adjudicarían los contratos para ejecutar sus propios diseños.
Pero, además, los padres de familia designaron a los empresarios como sus representantes para que defiendan los proyectos ante la Comisión de Evaluación de la UPRE, que por varios meses instruyó varias “correcciones” hasta que los distintos estudios fueron aprobados.
De esos hechos, se revela que los funcionarios de la UPRE tenían conocimiento de quiénes eran los autores de los proyectos y que éstos eran diseños originales, pues cada uno respondía a las características especiales de la población y la zona donde serían construidos.
Sin embargo, en todos los casos, luego que entre padres de familia y empresarios se celebraba que los estudios fueron aprobados, a pocos días de la firma del contrato la UPRE solicitaba copias físicas y digitales de los proyectos y en menos de 48 horas eran adjudicados a otras firmas, las que eran invitadas por Alexis Mercado, el director.
“En mi caso, me llevó más de un año, no sólo elaborar el proyecto de pre inversión, en el que gasté al menos 80.000 bolivianos, sino que también gestioné la aprobación y construcción de la escuela. Era yo quien, a pedido de los dirigentes de los padres de familia y del Concejo municipal de Quillacollo, hizo el seguimiento del proceso en la UPRE, todo para que finalmente los técnicos me maltraten y me digan que no se hacían responsables de los gastos y el tiempo que yo invertí”, lamentó Calani.
En el caso de Lizarazu, los detalles sobre los involucrados y la forma en que le sustrajeron el derecho intelectual de sus seis proyectos es más amplio, pero señala que 5 millones de bolivianos es lo mínimo que deberían pagarle por todo el tiempo y el personal que comprometió para realizar ese trabajo.
Los empresarios tienen documentos en los que los padres de familia no sólo recomendaban ante la UPRE la adjudicación de las obras a las empresas que pagaron la pre inversión, sino que también tienen cartas dirigidas al expresidente Morales, con denuncias por el incumplímiento de Mercado ante los acuerdos internos.
“Mediante la presente, le damos a conocer que la empresa constructora Ferconbol Srl. elaboró el diseño y estudio de pre inversión de la Unidad Educativa Cerro Cota, sin recibir ninguna remuneración económica, por lo que solicitamos que la misma pueda adjudicarse la construcción y ejecución de dicho proyecto”, señala la carta enviada al director de la UPRE el 31 de junio de 2019, escrita por los dirigentes escolares Roberto Castro y Teodoro Valencia.
Sobre la empresa de Araníbar, existe una nota del dirigente Ponciano Ramírez, de la OTB Ladislao Cabrera, que revela que el expresidente Morales fue informado del irregular proceder los técnicos de la UPRE, pero también saca a la luz que fue el mandatario quien sugirió a los padres de familia que busquen a una empresa externa para que elabore el proyecto de una de las escuelas.
“Hasta la fecha la empresa, la Consultora-Constructora Araníbar Srl. realizó la defensa y sustentación del proyecto de pre inversión a diseño final en todos sus alcances durante nueve meses a costo cero, pero hoy quedamos sorprendidos de que es otra la empresa a la que se está invitando para la adjudicación del proyecto; lo que consideramos desleal, arbitrario, y de muy mala fe hacia la empresa que nos colaboró durante todo este tiempo”, dice parte de la nota de Ramírez dirigida a Morales.
Similitud con el caso Fondioc
Estas acciones de la UPRE tienen similitud con lo que pasó en el desfalco al Fondo Indígena, pues en esa institución también se contaban con técnicos que direccionaron los contratos y finalmente cargaron la responsabilidad a dirigentes campesinos que luego fueron presos.
Los cuatro constructores están seguros de no ser las únicas víctimas, pues conocen casos de otros empresarios que por diferentes motivos no denunciaron las irregularidades cometidas en la UPRE. Sostienen que los técnicos evidentemente obedecían órdenes superiores, pero que Mercado era quien coordinaba la adjudicación de las obras, siguiendo instrucciones de Morales y el exministro Quintana, como lo evidencia la declaración de una de las imputadas.
“En cuanto a la presentación de proyectos y la revisión, dependía mucho de lo dispuesto por el presidente de entonces, Evo Morales, quien decía e instruía mediante el director de la UPRE (Alexis Mercado), en cuánto tiempo se debía realizar la revisión de los proyectos para que después se firmen los convenios entre la UPRE, el Ministerio (de la Presidencia) y la organización social (solicitante de la obra)”, declaró la extécnico de la Comisión de Evaluación en la UPRE, Lucy Miranda, una de las seis primeras denunciadas y que guarda detención preventiva.
La exfuncionaria aclaró a Página Siete que ella nunca recibió una orden directa de los exmandatarios, pero que esta era la versión con la cual los presionaba constantemente el entonces director de la UPRE, de quien ahora se desconoce su paradero. Miranda es una de las dos personas detenidas en esta primera etapa de la investigación que lleva ya 16 meses.
La auditoría al Fondioc
En febrero de 2015 la Contraloría reveló que el reporte preliminar de una auditoría confirmó un daño económico al Fondo Indígena por un monto aproximado de 71 millones de bolivianos, en relación a 153 proyectos.
Más adelante se concluyó que el desfalco total fue de 1.260 millones de bolivianos, generados por la mala ejecución de 1.032 proyectos, según los datos del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (nombre con el que se rebautizó al Fondioc), Rafael Quispe, y la Fundación Pazos Kanki.
El principal denunciante fue el exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, a quien el gobierno encarceló desde 2017 y murió con la salud deteriorada a sus 56 años, mientras era procesado en 256 casos distintos abiertos en todos los tribunales del país. Al contrario, varios dirigentes del MAS y exautoridades nunca fueron procesados, la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, señalada por autorizar los irregulares desembolsos goza de una detención domiciliaria.
Página Siete
