La activación del sello azul en Interpol para dar con el paradero del exalcalde de la Paz, Luis Revilla, que se declaró en la clandestinidad en enero de 2022, fue calificado por los opositores como parte de un mecanismo de amedrentamiento político que usa el Movimiento al Socialismo (MAS).
El dirigente de Sol.Bo, José Luis Bedregal, dijo que la exautoridad municipal enfrenta más de 30 procesos penales que fueron iniciados por afines al partido azul, consideró que la justicia se convirtió en una institución que defiende los intereses políticos.
“Mientras estaba en el país Luis Revilla ha estado presentando todos los descargos en los diferentes casos que se le han iniciado. El órgano Judicial y el Ministerio Público se prestan para estos intereses políticos, desde que estaba como alcalde hasta esta etapa enfrenta una treintena de procesos en su contra, en ninguno se ha mostrado que tenga alguna participación”, afirmó en contacto con la ANF.
El fiscal Thomás Choque informó el viernes que se activó el sello azul contra la exautoridad por el caso de la adquisición de 61 buses municipales PumaKatari con presunto sobreprecio. A la vez dijo que se presentó un memorial a la autoridad jurisdiccional para que determine hora y fecha de la audiencia de medidas cautelares.
En ese sentido, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes lamentó que la exautoridad, nuevamente, sea objeto de persecución por parte de la justicia, aseguró que no hay las garantías para que retorne al país y asuma su defensa.
“Activan sello azul contra el exalcalde Luis Revilla lo que nuevamente confirma que es blanco de la justicia de este país, no tiene las garantías suficientes para su defensa. La realidad es que ahora más que nunca se necesita la reforma judicial impulsada por los Juristas independientes”, agregó.
Bedregal lamentó que la justicia actué en beneficio de las autoridades afines al MAS que están involucradas en casos de corrupción, haciendo alusión al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, implicado en la compra irregular de 41 ambulancias y las denuncias contra el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina.
“La justicia actúa a favor de los allegados al MAS, mientras que persigue a quienes no están en función al partido. El caso del gobernador de Potosí es el más evidente, porque no se lo investiga; el caso de la ABC también es otra muestra, el dirigente de la CUB (Max Mendoza) ligado al MAS goza de detención domiciliaria”, resaltó.
Según la fiscalía cada bus tendría un costo real de $us 60.480, pero el municipio de La Paz supuestamente pagó $us 153.099, con un presunto sobreprecio de $us 92.619 por cada vehículo adquirido a la empresa Fabros Motors S.R.L. Se presume que hubo un sobreprecio total de cerca de Bs 26.722.157.
Un año en la clandestinidad
El 29 de enero de 2022, a través de una carta, el exburgomaestre paceño se declaró en la clandestinidad tras conocer que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra.
“Hoy me encuentro en la clandestinidad y así estaré mientras sea posible y sigamos colectando más elementos que confirmen aún más que Vera quemó los buses, nuestros 66 Pumakatari, y hoy solo quiere hacer desaparecer ese triste capítulo de la historia de La Paz y de nuestro país y cambiarla por una infamia sobre la licitación de los buses en 2012”, escribió en esa oportunidad.
Al respecto, Bedregal dijo que ese hecho dejó un vacío político y en términos de gestión pública en La Paz, que obtuvo varios reconocimientos debido a los planes y proyectos que se generaron durante su mandato como autoridad edil.
“No solamente es ese vacío, sino en la proyección política porque Revilla tendía puentes entre los conservadores y los oficialistas, esa era su cualidad. Hay un vacío local, La Paz ha perdido el liderazgo económico, ahora Santa Cruz ha asumido el liderazgo político como efecto del vacío, existe una orfandad política porque no vemos líderes políticos regionales”, consideró.
Página Siete
