Organizaciones sociales pasan de la prebenda al control de cargos en el Estado

Organizaciones sociales pasan de la prebenda al control de cargos en el Estado

De recibir sedes sociales, vehículos y financiamiento para  proyectos en las gestiones de Evo Morales, las organizaciones sociales pasaron a exigir    espacios de poder durante el gobierno de Luis Arce.    Analistas coinciden en que las megaobras ya no son suficientes para recompensar la fidelidad, ahora  piden ministerios y la capacidad de decidir sobre quienes los dirigen.

“Las organizaciones sociales han encontrado en la presión y la fuerza la posibilidad de conseguir  los privilegios que recibían antes  a través de grandes obsequios como  el fondo campesino (mal llamado fondo indígena), las sedes, automóviles y candidaturas. Mermados estos regalos, ahora su apetito se dirige a los espacios en el poder,  como lo reflejan los colonizadores cuando piden tres ministerios para ellos  y exigen la cabeza de dos ministros”, señaló el analista Róger Cortez.

La aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, quien fue descubierto  cuando recibía  dinero  a cambio de  titular tierras, generó tensiones al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). La exautoridad contaba con el aval de las organizaciones sociales,  que ahora exigen  cambios y cuotas  en el gabinete de Luis Arce. 

El pedido no es reciente. Luego de los comicios  de octubre de 2020, varios sectores afines al MAS solicitaron -a cambio de su apoyo- el control de varios ministerios. El mismo presidente Luis Arce llegó a decir que para responder a todas las peticiones se necesitaría   149 carteras. Los regalos ya  no eran suficientes. 

 “Llega el momento en el que ya no basta tener obras, vehículos, canchas, sedes o  una cuota de   representación en el Parlamento. Las organizaciones sociales piden  y reciben espacios de poder. Y ahí vemos a la Ministra de Culturas que es parte de las Bartolinas, a los interculurales en Desarrollo Rural y Tierras y otros casos”, manifestó el analista Paúl Coca.

   La ejecutiva de la Confederación  Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia (Csmib),  Angélica Ponce, consideró que estos espacios les corresponden por derecho. Y que los problemas ocurridos en el gabinete se deben a que varias de las autoridades actuales  no cuentan con el aval sindical. 

“Somos un ente matriz, fundador del instrumento político… igual que los hermanos interculturales, la Csutcb o  las Bartolinas. Las organizaciones sociales tenemos derecho a poder trabajar en estos espacios públicos”, afirmó. 

Padrino de regalos millonarios 

 “La práctica de otorgarles  licencias y privilegios  a las organizaciones sociales campesinas  es parte esencial de la historia y origen del MAS. Éstas son su médula organizativa y, últimamente, tienen un papel decisivo”, indicó Cortez.

 Explicó que durante la gestión  de Morales, cuando había ingresos  por la combinación de buenos precios de las exportaciones y un  incremento de  la renta petrolera, la demandas de las organizaciones eran satisfechas principalmente con regalos monetarios. Estos eran complementados con candidaturas y espacios en el Legislativo  o el Ejecutivo. “Evo  era el gran padrino dueño depositario de las llaves de la organización”.

Según el Sicoes, desde 2011 hasta  2019 (año de la  cuestionada reelección) el Gobierno adjudicó de forma directa  la construcción de  más de 120 sedes para  distintas organizaciones  sociales. El costo total asciende  alrededor de   272 millones de bolivianos.

Ese año, para sellar alianzas, el entonces presidente y candidato  entregó vehículos a las Fejuves, nuevas normas impositivas a los gremiales y  un lote de 10 motorizados a la COB, ente sindical que  condicionaba su apoyo también  al control del Ministerio de Trabajo. Esos fueron solo una parte de los regalos  a sus aliados.

Pago a la “fidelidad”

     Sin embargo, para las elecciones de 2020, luego de los conflictos poselectorales, el pago debía ser otro. Desde la confirmación   de la victoria del partido azul, diferentes sectores afines  pasaron factura por ser “leales en tiempos difíciles” y exigieron espacios en el gabinete.

La dirección regional de El Alto pidió  los ministerios de  Trabajo, Justicia, Agua, Cultura y Relaciones Exteriores; la COB aspiró a dirigir Trabajo,  Hidrocarburos, Minería y  Salud; las Bartolinas y los gremiales pidieron  se cree para ellos carteras de  la Mujer y   del   Gremial.

En ese momento, el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Henry Nina, lamentó  la actitud de estos dirigentes, a quienes llamó “buscapegas”. Sin embargo, semanas después fue posesionado  como presidente de  la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Su organización tomó el control de la cartera de   Desarrollo Rural y Tierras y  ahora pide otras  tres.   

“Controlar un ministerio significa tener el manejo de un  presupuesto propio y de manera autónoma, tener un espacio de poder y de decisión, acceder a puestos laborales o pegas -como le llamamos en Bolivia- que no solo están en La Paz, sino en las  ciudades capitales o  en regiones  donde deben tener representación”, aseveró Coca.

Pero no solo son las organizaciones del Pacto de Unidad las que pidieron un ministerio. Al día siguiente de la posesión del nuevo gobierno, la viuda y familiares  del dirigente minero fallecido Orlando Gutiérrez instalaron una vigilia en la Plaza Murillo. Exigían que el Ministerio de Minería sea dirigido por el hermano del extinto minero, de quien se presumía que sería  el titular de esa cartera de Estado.

“Mi esposo se  ganó el Ministerio de Minería. Era el ejecutivo de la Federación de Mineros, tenía trayectoria, era un líder joven y tenía mucho por delante. A Orlando nadie le regaló la cartera, se la ganó. Exigimos se dé la cartera a la familia”, sostuvo la viuda del dirigente, de quien hasta hoy se desconoce las causas de su muerte.

La semana pasada, la confederación de las mujeres interculturales se declaró en emergencia hasta que se cumplan sus pedidos de destituir a dos ministros.

 “Por negar a ser del MAS y por ineficiencia, pedimos que (el ministro de Justicia, Iván Lima) se retire del gabinete. El titular de Gobierno también está observado y debe ser cambiado. Además vamos a hacer una comisión para  ir a cada uno de los ministerios para que rindan un informe  de cuántos pititas han retirado y cuántos  de las organizaciones sociales han entrado  trabajar. Necesitamos un cambio rotundo para que nuestros hermanos y hermanas tengan la oportunidad”, dijo Ponce.

Poder, cuoteo y corrupción 

En un ampliado nacional de emergencia de la Csmib, realizado el pasado miércoles, la organización resolvió exigir al Presidente tres ministerios para “la familia intercultural”, como ente matriz  y fundador del MAS. Además pide  dos viceministerios para “las hermanas María  Eugenia  Choque y Susana Pacara por el alto compromiso avalado por el ente sindical”.

“Hay dirigentes que están presionando para imponer cargos  y hacer un cuoteo corporativo, eso es corrupción. Llegó el momento de hablar y abrir la compuerta al debate. Se ha demorado demasiado en designar titulares en muchas carteras y lo más probable es que haya sido  por estas presiones corporativas”, afirmó el exministro Carlos Romero en No Mentirás.

Coca explicó que el MAS es un partido político diferente al resto, ya que se afianza en las organizaciones sociales, con  fuerza y presencia, para garantizar más votos y más poder en cada región. 

“Hasta antes del 2005, en la democracia pactada,  los ministerios se dividían entre los frentes políticos que se aliaban para lograr la presidencia. Ahora con el MAS pasa lo mismo, pero con otros actores; ya no se hace alianza con otros partidos, sino, con sectores sociales a los que les debe entregar cuotas de poder”, dijo el analista. 

Esto se ve reflejado en la distribución de los cargos importantes. Hoy, la tercera autoridad del país está en manos del Chapare, que puso a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. De la misma forma, los denominados interculturales lograron hacerse del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y las Bartolinas del Ministerio de Culturas.

“Pero esto tiene un costo. Cuando el MAS ya no tenga poder, estas organizaciones estarán vetadas. No serán reconocidas como interlocutores válidos, porque por años estuvieron recibiendo pagos  a cambio de su fidelidad. Han decidido ser parte de un partido y lo que esto  traiga a futuro es lo riesgoso”, advirtió Coca.

12 vehículos para 3 organizaciones  afines al MAS

A la fecha, el presidente Luis Arce regaló 12 vehículos a tres organizaciones afines al Movimiento Al  Socialismo (MAS):    los Ponchos Rojos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) y la Central Obrera Boliviana (COB). Los motorizados procedían de los bienes incautados. 

Fuente: Página Siete