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La diputada Norma Piérola, integrante de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana, dijo este viernes que el informe final identificó un daño económico de cinco a seis millones de dólares que se ejecutaron a través de dos cartas de créditos emitidas por el Banco Central de Bolivia.
Explicó que, de acuerdo a la documentación recibida, el ministro de Gobierno Arturo Murillo direccionó la compra de los elementos químicos a través de la empresa Bravo Táctil y que los trámites administrativos fueron realizados por sus viceministros y luego “le han plantado toda responsabilidad al ministro de Defensa”.
“Hemos encontrado hallazgos muy importantes en el sobreprecio con la mediación de una empresa que no existe en Bolivia: Bravo Táctil, que fue impuesta por el ministro Murillo a través de la Unidad Administrativa hace que la Unidad Solicitante sea la Policía Boliviana”, declaró.
Piérola explicó que la compra se realizó en el mes de marzo, días antes de la pandemia y se aprovecharon de un decreto supremo que autorizó la compra de material bélico de manera excepcional.
Indicó que López emitió una carta a la empresa Cóndor, diciendo que, si no hace con la mediación con Bravo Tactical y con cartas de crédito bancarias, no se iba a hacer la compra. En su criterio hicieron “pisar el palito al ministro de Defensa que aparece sin ser unidad solicitante como responsable de la contratación”.
Cabe recordar que, en su momento, el ministro López negó sobreprecio y que lo pagado por los gases era similar a lo que pagaba el gobierno del MAS. Piérola, sin embargo, dijo no saber si el grado de responsabilidad será por la inocencia del ministro López o por haber firmado los decretos supremos que autorizan la compra de esos agentes químicos.
