El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, aseguró este miércoles que con la promulgación de la Ley 1549 de Elecciones Judiciales se consolida la seguridad jurídica en el país y todas las resoluciones y sentencias que estaban siendo cuestionadas por la prórroga tienen un “blindaje”.
Las palabras de la autoridad judicial se registran en medio de los pedidos de legisladores del ala ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición de tratar con urgencia los proyectos de ley 073 y 075 que se refieren a la suspensión de plazos procesales y a la cesación de los magistrados por cumplimiento de mandato.
La autoridad judicial destacó en una entrevista con el diario Correo del Sur la aprobación y promulgación de la citada norma, que en su criterio reafirma la garantía de seguridad jurídica para los bolivianos.
En su criterio, le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional analizar si es posible anular o dejar sin efecto una Declaración Constitucional con una ley.
No obstante, ya hay varios actos en los altos tribunales en función de la institucionalidad que rige en el Estado, sostuvo.
Indicó que desde el 10 de enero de este año, los magistrados del Órgano Judicial comenzaron a reactivar el servicio judicial en cumplimiento de la Declaración 049 y la premisa de que no se puede paralizar los servicios de justicia así como tampoco los de educación, salud y seguridad en Bolivia.
Para sustentar su argumento, citó el artículo 15 del Código Procesal Constitucional o Ley 254 que establece que las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes.
“Consecuentemente es ése el sustento jurídico para el desarrollo de las funciones del TSJ, cuyas resoluciones gozan de absoluta constitucionalidad y legalidad”, remarcó.
Explicó que con la Declaración Constitucional 049 y la nueva Ley 1549 de Elecciones Judiciales ya no hay lugar a los pedidos de nulidad que arguyen abogados y sectores políticos.
“Valoramos y saludamos el accionar de la Asamblea Legislativa en relación a sancionar la ley que finalmente fue promulgada por el presidente del Estado para que de esa forma podamos ingresar en los plazos que establece esta ley y los bolivianos podamos ser parte de las elecciones judiciales para, precisamente dar cumplimiento a la Constitución y a la ley en relación a la forma en que los magistrados deben ocupar los altos tribunales, que es mediante elecciones y no de designaciones de otros órganos del Estado”, sostuvo.
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