El abogado Grover Nixon presentó una solicitud formal dirigida al Ejecutivo Municipal para exigir un informe público detallado sobre los reiterados robos de cableado en infraestructuras estatales de Tarija, hechos que —según afirmó— estarían generando importantes pérdidas económicas para el municipio.
La petición fue recepcionada oficialmente y ahora los solicitantes aguardan una respuesta institucional que permita conocer si la Alcaldía ha reconocido públicamente los daños y si existe una cuantificación precisa de los recursos afectados por estos hechos delictivos.
Nixon explicó que la acción se impulsa a título particular junto al abogado Carlos Acuña, argumentando que el tema involucra recursos públicos y, por tanto, debe ser de conocimiento ciudadano. Señaló que la población tiene derecho a saber cómo se administran los fondos provenientes de los impuestos.
Entre los principales cuestionamientos, los juristas solicitan aclarar de qué partidas presupuestarias se están utilizando recursos para reponer el cableado sustraído, si provienen de los POA municipales, de reasignaciones internas o incluso de financiamiento externo.
El abogado remarcó que los robos no serían hechos aislados, sino situaciones recurrentes que se arrastran desde hace meses e incluso años, por lo que consideran necesario conocer qué acciones concretas está ejecutando la autoridad municipal para frenar estos delitos.
Asimismo, realizó un llamado a la conciencia ciudadana para proteger los bienes públicos, destacando que la ciudad viene posicionándose como destino turístico tras recientes actividades culturales y carnavaleras, lo que exige fortalecer la seguridad urbana.
Nixon también cuestionó la falta de prevención tecnológica dentro del denominado proyecto de ciudad inteligente, señalando que sistemas de videovigilancia y control podrían haber evitado parte de los daños registrados.
En ese marco, mencionó particularmente la situación del Puente 4 de Julio, una obra de gran inversión económica que, según indicó, habría sido afectada en más de una ocasión por la sustracción de componentes eléctricos.
El jurista además pidió esclarecer qué espacios deportivos y otras infraestructuras municipales fueron perjudicados, debido a que —asegura— no existe información clara ni reportes oficiales accesibles para la ciudadanía.
Finalmente, reiteró que la solicitud busca transparentar la gestión pública y promover el control social, exhortando a la población tarijeña a exigir información y seguimiento sobre las medidas que el Gobierno Municipal adoptará frente a estas pérdidas económicas.
Fuente: La Voz de Tarija
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