El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó este viernes que el acuerdo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares para respaldar el proceso de reformas económicas es «una traición a la patria», debido a que establece «imposiciones» que impide la Constitución.
«El acuerdo entre el gobierno con el FMI es inconstitucional y una traición a la patria. El Art. 320 de la CPE prohíbe imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre nuestra política económica», escribió Morales en X.
También expresó que, con el pretexto de eliminar la subvención a los combustibles y atraer la inversión extranjera, el Ejecutivo de Paz busca «mutilar» la Carta Magna para «privatizar y entregar» los recursos naturales de Bolivia a las transnacionales.
Morales también cuestionó el anuncio gubernamental del cierre de 10 empresas estatales, cuyos nombres aún no se conocen, que calificó como «una nueva etapa de privatización y capitalización» con la intención de «vender Bolivia».
la víspera, el Ministerio de Economía publicó el acuerdo con el FMI, en el que el Ejecutivo de Bolivia propone «eliminar las subvenciones al combustible en 2027», junto a la aplicación de medidas para reducir el gasto público, límites a las contrataciones de personal estatal y bajar los gastos de inversión, bienes y servicios, entre otros.
El Gobierno de Bolivia y el FMI alcanzaron un acuerdo en julio pasado para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares destinado a «respaldar el programa de reformas económicas» iniciado por el Ejecutivo de Paz.
El FMI indicó entonces que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) «para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano».
A finales de agosto, el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley 723, que es el acuerdo con el FMI, para su análisis y eventual aprobación.
El titular de Economía, Christian Morales, dijo el martes que el Gobierno prevé cerrar entre ocho y diez empresas públicas en los siguientes meses, una decisión que se da tras el diagnóstico de 67 instituciones estatales, de las que unas 20 «están en una situación crítica».
En abril, el Gobierno informó que existen 15 empresas estatales en quiebra técnica con pérdidas acumuladas por 2.655 millones de bolivianos (unos 381 millones de dólares), de un total de 67 creadas como parte de políticas aplicadas por los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el propósito de sustituir las importaciones.
Visión 360
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