“Viniendo de una persona que está siendo investigada, llama poderosamente la atención por qué no dijo nada en las elecciones subnacionales”. Así, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, respondió a la declaración del ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, quien atribuyó a Rómer Saucedo una «maniobra» para interferir en las elecciones municipales en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco.
Las declaraciones de Quezada fueron emitidas ante un fiscal en el contexto de una investigación por delitos alineados con el narcotráfico y el caso Maletas. El expresidente del TDJ fue aprehendido y en las próximas horas debe ver a un juez para definir su situación jurídica.
En una entrevista telefónica con EL DEBER desde República Dominicana, donde participa en la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, organizada por la OEA, Ávila negó haber coordinado con Saucedo la exclusión de las agrupaciones ASIP y Seguridad, Orden y Libertad (SOL).
“Jamás hemos coordinado esos temas. Hemos cumplido la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional”, aseguró. Insistió en que las autoridades electorales están obligadas a acatar las determinaciones constitucionales. “Si no cumplimos una sentencia, nosotros cometemos un delito”, afirmó.
Los documentos del proceso permiten reconstruir las decisiones. El 19 de febrero, la Sala Constitucional Primera ordenó al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz pronunciarse sobre una denuncia relativa a las personerías jurídicas. El 27 de febrero, el TED canceló las siglas ASIP y SOL porque no alcanzaron el 3% de los votos válidos en las subnacionales de 2021.
El 10 de marzo, el TSE confirmó la determinación departamental tras resolver una apelación.
Las denuncias
Quezada, investigado en el caso Maletas, declaró que Saucedo “movió cielo, mar y tierra” para que su tío fuera alcalde de San Ignacio de Velasco. Afirmó que el ex presidente del TSJ estuvo en constante coordinación con el presidente del TSE para conseguir ese propósito.
Ávila rechazó esas afirmaciones y remarcó que ninguna decisión del Órgano Electoral depende de una sola autoridad.
“Somos un grupo colegiado y todas las decisiones se toman por unanimidad en los miembros, incluida esta”, sostuvo. Recordó también que la administración de las elecciones subnacionales correspondió, en primera instancia, al TED cruceño.
Ante una eventual convocatoria de la Fiscalía para esclarecer las declaraciones de Quezada, aseguró que está dispuesto a colaborar. “Nosotros, prestos a cualquier convocatoria, abiertos como siempre, transparentes”, expresó.
La controversia también provocó una reacción del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien denunció amenazas y presiones judiciales para impedir que Libre presentara candidatos en San Ignacio de Velasco.
Velasco sostuvo que Christian Méndez fue inhabilitado y que un segundo postulante fue retirado de las listas, dejando a Libre fuera de la competencia municipal. Pidió investigar a los operadores judiciales presuntamente involucrados en esas decisiones.
El Deber
Deja una respuesta